Enrique Pérez López, vocero del Frente Campesino y Popular de Chiapas, conformado por una decena de organizaciones sociales.
El Frente Campesino y Popular de Chiapas conformado por una decena de organizaciones sociales de la entidad, pidieron al gobierno local y la procuraduría de justicia frenar la persecución judicial en contra de indígenas que reclaman tierras en la entidad, de igual forma, pidieron a la exfuncionaria federal y ambientalista Julia Carabias Lillo, sacar las manos de la Selva Lacandona.
En conferencia de prensa, Enrique Pérez López, denunció que con el tráfico de influencias de la exsecretaría de medio ambiente de Ernesto Zedillo, Julia Carabias Lillo, se inició una perecucíón judicial en Chiapas que llevó a la cárcel primero al maestro Gabriel Fernando Montoya Oseguera y posteriormente de 22 indígenas que pasaron 24 horas presos el pasado fin de semana.
Pérez López señaló que Carabías Lillo “se hizo pasar por secuestrada” en los últimos días de abril y aunque públicamente nunca acusó a nadie ni pudo identificar quienes fueron sus captores que supuestamente la tuvieron dos días amarrada a un árbol, el grupo antisecuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo el 14 de mayo, a Montoya Oseguera, asesor de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona.
Montoy Oseguera asesora a los indígenas lacandones que han llegado a un acuerdo con la Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente y Democrática (ARIC-ID) para regularizar tres poblados asentados en la Selva Lacandona, estos son Ranchería Corozal, Salvador Allende y Nuevo San Gregorio.
Sin embargo, el gobierno de Chiapas y el gobierno federal, así como el grupo de activistas que encabeza Julia Carabias Lillo con su organización Natura Mexicana, están en contra de la citada regularización y han amenazado con el desalojo a los lugareños, la mayoría de las etnias tzeltal, tsotsil y chol.
Pérez López dijo que se acusa a los indígenas de depredar la Selva, pero lo que no saben es que viven ahí desde hace más de 30 años pero desde hace 15 años no tiran un solo árbol, ni deforestan para sembrar, ni viven de la ganadería extensiva.
Todo lo contrario, dijo, los indígenas han aprendido a convivir con la Selva Lacandona y se han dedicado a actividades que son compatibles con la conservación y cuidado de los recursos naturales.
“Ellos han hecho conciencia que si talan, queman o contaminan sus ríos, es como si destruyeran su propia casa que habitan, por lo que el discurso gubernamental de que están acabando con la Selva Lacandona, es un discurso demagógico, pues son otros los intereses nacionales e internacionales que quieren sin gente la Selva, que la quieren toda para ellos nada más y están dispuestos a permitir a los indígenas que ahora se resisten”, dijo Pérez López.
Acusó a Carabias Lillo de estar tras esta campaña en contra de los indígenas que sin necesidad de intervención del gobierno o de esos grupos ambientales oficiales han llegado a acuerdos como el del pasado 23 de abril para vivir en armonía y sin conflictos.
Natura Mexicana, o Natura y Ecosistemas Mexicanos, A.C, como se le conoce legalmente, dice ser “una organización no gubernamental, sin fines de lucro, comprometida con el rescate y protección del patrimonio natural de México”. Y que los proyectos que se realizan, lo hacen dentro de la Selva Lacandona, en la Reserva de la Biósfera Montes Azules en el Estado de Chiapas.
En un artículo publicado en Reforma el pasado 24 de mayo, Carabias Lillo dijo que “el conflicto en la Selva Lacandona es porque la ley no se respeta. Quienes persiguen intereses personales en contra del interés público alientan las invasiones, para luego exigir la regularización y por tanto la expropiación. Esta situación se ha vivido en varios momentos”.
Y que ahora se padece una situación semejante, “con el agravante de que muchos actores locales, afectados en sus intereses económicos y políticos, se han dedicado a la calumnia y a confundir a los pobladores y a la opinión pública”.